El Tribunal Supremo, en recurso para la unificación de doctrina, y a través de la sentencia de 20 de abril de 2017, consolida su doctrina – en semejantes términos se pronunció en la de 24 de junio de 2015- que establece que es posible aportar nuevas pruebas, en vía de revisión administrativa, no presentadas durante la tramitación del procedimiento tributario.

En la presente nota abordamos un breve análisis del artículo 33.3 a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, la “LIRPF”), y por lo tanto analizamos cual es el tratamiento fiscal que se le da a este tipo de operaciones, conforme al Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas (en adelante, el “IRPF). Para llevar a cabo este análisis, haremos uso del criterio establecido por la Dirección General de Tributos en su Consulta Vinculante V1642-17, de 23 de Junio de 2017.